ART y seguro de vida obligatorio del encargado de edificio: qué cubre cada uno y qué pasa si el consorcio no los tiene

El consorcio es empleador del encargado de edificio, y esa sola condición le impone coberturas obligatorias que se pagan todos los meses y que casi nadie sabe enumerar completas. Esta guía las nombraba de a dos —la ART y el Seguro de Vida Colectivo Obligatorio— y esa es exactamente la mitad del problema.

Conviene decirlo de frente, porque esta guía se reescribió por ese motivo: sobre el encargado hay cuatro coberturas obligatorias, y las dos que faltaban son las que el consorcio financia con un aporte patronal sobre la remuneración bruta, mes a mes, sin que casi nadie sepa qué contratan. Están en los artículos 27 y 27 bis del CCT 589/10, y suman 4,75 % de aporte del empleador más 1,75 % de retención al trabajador.

Y falta lo otro: la ART no es sólo una cuota. La Ley 24.557 le pone al empleador cinco deberes que no consisten en pagar, el convenio le agrega un registro que sólo se pide cuando ya pasó algo, y el artículo que sanciona la omisión de pagar las cuotas menciona expresamente a los administradores y mandatarios. Abajo está todo, con la norma al lado de cada afirmación.

Sobre el encargado hay cuatro coberturas obligatorias, y esta guía nombraba dos

Antes de entrar en cada una, el mapa completo, porque es lo que permite leer un recibo de sueldo de encargado sin adivinar:

• ART — Ley 24.557. Cubre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La paga el consorcio como contribución, se liquida con las cargas sociales y no se le retiene nada al trabajador.
• Seguro Colectivo de Vida Obligatorio — Decreto 1567/74. Cubre el fallecimiento por cualquier causa, ocurra o no en el trabajo. Prima fija por trabajador declarado, íntegramente a cargo del empleador.
• Las pólizas del art. 27 del CCT 589/10. Un paquete convencional que cubre fallecimiento, las remuneraciones por enfermedades y accidentes inculpables, desempleo, maternidad, excedencia y las indemnizaciones de los arts. 212 y 248 de la Ley de Contrato de Trabajo. Aporte del empleador: 4 % de la remuneración bruta total. Retención al trabajador: 1 %, sólo a los afiliados o a quienes hayan manifestado conformidad expresa.
• El seguro de vida entera del art. 27 bis del CCT 589/10. Una póliza vitalicia con componente de ahorro y rescate a la edad jubilatoria. 0,75 % de aporte del empleador y 0,75 % de retención al trabajador, y acá la retención alcanza a todos los comprendidos en el convenio, afiliados o no.

Conviene marcar el borde para no mezclar dos cosas distintas: ninguna de estas cuatro es el seguro del edificio. La póliza integral del consorcio —incendio, responsabilidad civil, daños a terceros— nace de otra fuente y protege otro riesgo; está en la guía de seguros del consorcio. Las cuatro de esta página existen porque el consorcio es empleador, no porque sea propietario de un inmueble.

Las dos primeras son de fuente legal y valen para cualquier empleador del país. Las dos últimas son de fuente convencional y valen porque el edificio está alcanzado por el convenio de la actividad. El resto del costo laboral —básico, antigüedad, adicionales, vivienda— está en la guía de paritarias de encargados y expensas, y el encuadre general de la relación, en derechos y obligaciones del encargado.

La ART: la ley obliga a afiliarse, y también a declarar altas y bajas

El artículo 27, apartado 1 de la Ley 24.557 dice que los empleadores no incluidos en el régimen de autoseguro «deberán afiliarse obligatoriamente a la ART que libremente elijan, y declarar las altas y bajas que se produzcan en su plantel de trabajadores». Son dos obligaciones en una sola oración, y la segunda es la que se incumple sin querer: el suplente que cubre las vacaciones, el ayudante que entra por tres meses, el personal de limpieza jornalizado.

El autoseguro —la alternativa teórica— exige acreditar solvencia económico-financiera y capacidad de prestar por sí mismo los servicios médicos necesarios. Es un régimen pensado para grandes empresas; ningún consorcio califica. En los hechos, entonces, la afiliación no es una opción.

La contrapartida también está en la ley: la ART no puede rechazar la afiliación de ningún empleador incluido en su ámbito de actuación (art. 27, ap. 2), la renovación del contrato es automática con el régimen de alícuotas vigente a esa fecha (ap. 4) y la rescisión está supeditada a que el empleador firme contrato con otra ART (ap. 5). Un consorcio no puede quedar legítimamente sin cobertura por decisión propia: sólo puede quedar sin cobertura por no pagar.

Dos cuotas impagas y el consorcio pasa a ser «no asegurado»

Este es el punto que más caro sale y el que menos aparece en los resúmenes del tema. El artículo 27, apartado 6 de la Ley 24.557, en el texto que le dio el art. 12 de la Ley 27.348, autoriza a la aseguradora a extinguir el contrato de afiliación cuando verifica:

• la falta de pago de dos cuotas mensuales, consecutivas o alternadas; o
• la acumulación de una deuda total equivalente a dos cuotas, tomando como referencia la de mayor valor del último año.

Producida la extinción, la ley no usa un eufemismo: «el empleador se considerará no asegurado», con el efecto del apartado 1 del artículo 28. Hay una red, y conviene entenderla bien porque no es gratuita: la aseguradora debe igual otorgar prestaciones en especie —la atención médica— por las contingencias ocurridas dentro de los tres meses posteriores a la extinción por falta de pago, pero puede repetir del empleador el costo de esas prestaciones.

Traducido a la vida del edificio: el encargado que se accidenta a los sesenta días de la baja se atiende igual, y la factura de esa atención vuelve al consorcio como expensa extraordinaria. Por eso la cuota de la ART no es un gasto que se posterga cuando la cobranza viene floja. Si el problema de caja es estructural, la conversación correcta es la del fondo de reserva y la de qué puede hacer el consorcio con la morosidad, no la de estirar el pago de la póliza.

Si no hay ART, el artículo 28 tiene cuatro supuestos distintos

El artículo 28 de la Ley 24.557 se cita siempre como si tuviera una sola regla. Tiene cuatro, y cada una describe una situación diferente:

• Apartado 1 — nunca se afilió. El empleador «responderá directamente ante los beneficiarios por las prestaciones previstas en esta ley». Sin aseguradora detrás, sin límite de cobertura, con el patrimonio del consorcio.
• Apartado 2 — omitió declarar a un trabajador o su obligación de pago. Acá la ART sí otorga las prestaciones, y después repite del empleador el costo. El trabajador queda cubierto; el consorcio paga igual.
• Apartado 3. En los dos casos anteriores, el empleador debe además depositar las cuotas omitidas en la cuenta del Fondo de Garantía de la ART.
• Apartado 4 — omitió el pago de las cuotas, total o parcialmente. La ART otorga las prestaciones y puede ejecutar contra el empleador las cotizaciones adeudadas.

Sólo cuando se declara judicialmente la insuficiencia patrimonial del empleador no asegurado interviene el Fondo de Garantía de la LRT, administrado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (art. 29). Y la insuficiencia hay que probarla por el procedimiento sumarísimo de las acciones meramente declarativas: no es un trámite, es un juicio. Contar con eso como plan B es, en la práctica, no tener plan B.

El artículo 32 de la Ley 24.557 tiene pena de prisión, y nombra a los administradores

Lo anterior es responsabilidad patrimonial del consorcio. Lo que sigue es otra cosa y casi nunca se menciona en el material del sector. El artículo 32 de la Ley 24.557 tipifica delitos:

• Apartado 3: si el incumplimiento consiste en la omisión de abonar las cuotas o de declarar su pago, el empleador será sancionado con prisión de seis meses a cuatro años.
• Apartado 5: tratándose de personas jurídicas, esa pena «se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo vigilancia, administradores, mandatarios o representantes que hubiesen intervenido en el hecho punible».
• Apartado 6: el delito se configura cuando el obligado no cumple dentro de los quince días corridos de intimado en su domicilio legal. No opera por el solo atraso.
• Apartado 7: es competente la justicia federal.

Dos aclaraciones honestas, porque este artículo se presta a titulares fáciles. La primera: la figura exige intervención en el hecho punible y la intimación previa con plazo, de modo que no convierte cualquier atraso administrativo en un delito. La segunda: quien firma los pagos del consorcio y responde ante los organismos es el administrador, y ese rol encaja sin esfuerzo en la enumeración «administradores, mandatarios o representantes». Ese es el motivo por el cual la cuota de la ART no debería competir nunca con otros gastos en la caja del mes, y por el que la constancia de pago merece un lugar fijo en la rendición de cuentas.

Las cinco obligaciones del empleador que no consisten en pagar la cuota

El artículo 31, apartado 2 de la Ley 24.557 enumera los derechos y deberes del empleador. Uno es un derecho —recibir de la ART información sobre alícuotas y prestaciones, y asesoramiento en materia de prevención de riesgos—. Los otros cuatro son deberes, y son los que aparecen incumplidos cuando hay un siniestro:

• Notificar al trabajador la identidad de la ART a la que se encuentra afiliado. El CCT 589/10 lo repite y lo completa en su art. 25, inciso 9: cada trabajador debe recibir de su empleador los datos de la ART y los números a los que debe comunicarse en caso de accidente. Un papel pegado en la portería cumple las dos normas a la vez.
• Denunciar a la ART y a la SRT los accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan. La denuncia no es opcional ni depende de la gravedad aparente.
• Cumplir las normas de higiene y seguridad, incluido el plan de mejoramiento.
• Mantener un registro de siniestralidad por establecimiento. En un consorcio, «establecimiento» es el edificio.

El convenio suma una obligación de bolsillo que suele pasarse por alto. El art. 25, inciso 10 del CCT 589/10: si el trabajador es citado por la ART o por el servicio de medicina del trabajo para exámenes médicos periódicos o para cursos de capacitación fijados por normas legales o convencionales, esos actos se hacen en horario de trabajo —o, en su defecto, como horas extraordinarias— y el desplazamiento corre por cuenta del empleador. No es un favor ni un permiso: es costo del consorcio.

El registro del artículo 25 del convenio: el papel que aparece cuando ya pasó algo

El art. 25, inciso 8 del CCT 589/10 es probablemente la obligación menos cumplida de toda la relación laboral del encargado. Obliga al empleador a «mantener registro actualizado de las entregas de elementos de protección personal establecidos en el presente convenio; de los registros de capacitación en materia de riesgos del trabajo, así como de las visitas técnicas y recomendaciones efectuadas por la ART y por el responsable del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1338/96».

Son tres registros distintos en una sola línea: entregas de EPP, capacitaciones y visitas y recomendaciones. Ninguno cuesta dinero; los tres cuestan el mismo trabajo: una planilla y una firma. Y los tres tienen el mismo destino: son lo primero que se pide cuando hay un accidente y alguien discute si el consorcio dio o no los elementos.

¿Qué elementos? El art. 14 del CCT 589/10 los enumera y no deja lugar a interpretación: dos pantalones y dos camisas —o guardapolvos—, botas de goma, guantes de cuero de descarne reforzado para manipular leña, carbón o residuos y guantes de látex o similar para el uso de productos de limpieza, con entrega de un conjunto cada seis meses. Suma además un extinguidor de polvo químico ABC de 5 kg como mínimo, mantenido a exclusivo cargo del empleador y ubicado en el sótano, destinado específicamente al uso del encargado, en los inmuebles donde haya compactador o caldera. Y cierra con una sanción práctica que conviene leer dos veces: si el empleador no provee los elementos de seguridad en el plazo fijado, «el trabajador quedará liberado de la prestación del servicio».

En la misma dirección apunta el art. 13 de la Ley 12.981, el estatuto de la actividad, que reconoce al personal exclusivo el derecho a habitación higiénica y adecuada y a «recibir los útiles de trabajo necesarios para el desempeño de las tareas a su cargo». El matafuegos del encargado, dicho sea de paso, es distinto de los del edificio: esos tienen su propio régimen y están en la guía de matafuegos del consorcio en CABA.

¿El consorcio necesita un Servicio de Higiene y Seguridad propio?

La pregunta aparece apenas se lee la remisión del convenio al Decreto 1338/96, y la respuesta razonable para la enorme mayoría de los edificios es que no, con una condición que conviene mirar de cerca.

El art. 14 del Decreto 1338/96 exceptúa de la obligación de tener asignación de profesionales y técnicos en higiene y seguridad, entre otros, a «los establecimientos donde se desarrollen tareas comerciales o de servicios de hasta cien (100) trabajadores, siempre que no se manipulen, almacenen o fraccionen productos tóxicos, inflamables, radioactivos y peligrosos para el trabajador». Un consorcio con uno o dos empleados está muy por debajo del umbral de cien.

Y el mismo artículo cierra con la pieza que completa el cuadro: «En los establecimientos donde el empleador esté exceptuado de disponer de los Servicios de Medicina y Seguridad en el Trabajo, la Aseguradora deberá prestar el asesoramiento necesario a fin de promover el cumplimiento de la legislación vigente por parte del empleador». Es decir: el rol que en una fábrica cumple un servicio propio, en el edificio lo cumple la ART —y por eso el art. 31 de la Ley 24.557 le reconoce al empleador el derecho a recibir ese asesoramiento, y el art. 25 inc. 8 del convenio le manda registrar esas visitas—.

La condición que no hay que pasar por alto es la segunda mitad de la excepción: que no se manipulen, almacenen o fraccionen productos tóxicos, inflamables o peligrosos. Un edificio guarda productos de limpieza, y muchos tienen caldera, gas envasado o sala de máquinas. Si ese supuesto desplaza o no la excepción es una evaluación de riesgo concreta del inmueble, no una respuesta general, y corresponde hacerla con la propia ART, que es quien debe asesorar.

El Seguro Colectivo de Vida Obligatorio: cuánto es hoy y de dónde sale el número

Es una cobertura distinta de la ART y también obligatoria para todo trabajador en relación de dependencia, con pocas excepciones (contratos de menos de un mes, pasantes, becarios). Cubre el fallecimiento del encargado por cualquier causa —ocurra o no en el trabajo, que es justamente lo que la diferencia de la ART— y lo paga íntegramente el empleador.

Los valores vigentes desde el 1º de marzo de 2026:

• Suma asegurada individual por empleado: $2.071.300 (el valor anterior era $1.632.576).
• Prima individual mensual: $424,62 por trabajador declarado (antes, $334,67).
• Derecho de emisión anual: $12 para nóminas de hasta 25 empleados —el caso de prácticamente cualquier consorcio—; $17 entre 26 y 50, y $25 a partir de 51.

El mecanismo vale más que el número, porque el número se vence solo. Las Resoluciones SSN 39.766/2016 y MF 224-E/2017 fijan la suma asegurada en el equivalente a 5,5 salarios mínimos, vitales y móviles, y la actualizan todos los 1º de marzo tomando el SMVM vigente en el mes de diciembre inmediato anterior. Esa última precisión es la que se suele contar mal: no es el salario mínimo de marzo, es el de diciembre del año anterior. De ahí sale la cuenta: 5,5 × $376.600 = $2.071.300.

Un detalle operativo que evita un problema el peor día: la designación de beneficiarios. Si el trabajador no la completó, el beneficio se liquida por declaratoria de herederos, con la demora judicial que eso implica para la familia. Pedirle al encargado que la complete y guardar la constancia es de las cosas más baratas y más útiles que puede hacer una administración.

Las pólizas del artículo 27 del convenio: el 4 % que el consorcio paga todos los meses

Acá está la primera de las dos coberturas que esta guía no mencionaba. El art. 27 del CCT 589/10 designa a la entidad sindical signataria como agente contratante —toma las pólizas con compañías autorizadas ante la Superintendencia de Seguros de la Nación— y financia ese paquete con un aporte mensual del 4 % de la remuneración bruta total de cada trabajador, afiliado o no, a cargo de todos los empleadores de la actividad, más una retención del 1 % sobre la remuneración bruta de los trabajadores afiliados y de los que, sin serlo, manifestaron conformidad expresa para acceder a los beneficios.

Qué cubre, según el propio texto del artículo. La lista es larga y conviene conocerla porque contiene reintegros que el consorcio puede reclamar:

• Fallecimiento del trabajador titular, por un capital equivalente a cuatro veces la remuneración neta de bolsillo de su categoría al momento del deceso.
• Las remuneraciones por accidentes o enfermedades inculpables —las licencias pagas—, con franquicia a cargo exclusivo del empleador: un mes por cada contingencia cuando la ley prevé hasta tres meses de pago, y dos o tres meses de franquicia cuando prevé hasta seis o doce, respectivamente. Los salarios los abona el consorcio y la aseguradora los reintegra dentro de los treinta días de cumplidos los requisitos formales. Este beneficio, dice el artículo, alcanza a la totalidad de los trabajadores, afiliados o no.
• Desempleo: una suma equivalente al 50 % de la remuneración neta de la categoría, por cuatro meses, en caso de extinción por despido directo.
• Maternidad y excedencia: 50 % de la remuneración neta por hasta tres meses; licencia de la madre adoptante por 60 días corridos; licencia por paternidad en parto múltiple (10 días) y para el padre adoptante (3 días); y 30 días corridos para el padre cuando la madre fallece en el parto o inmediatamente después.
• La cobertura de obra social durante los plazos previstos: tres meses en la licencia por excedencia y un año para los beneficiarios del trabajador fallecido o despedido.
• Las indemnizaciones de los arts. 248 y 212 de la Ley de Contrato de Trabajo —muerte del trabajador e incapacidad—, a cargo de la aseguradora designada y sujetas a las condiciones de la póliza.

Tres condiciones que definen si el beneficio existe o no en el caso concreto: se exige una antigüedad mínima de seis meses en el empleo; el trabajador no afiliado accede sólo si manifestó conformidad expresa ante el empleador —y esa manifestación es un papel que hay que tener—; y el convenio aclara que «en ningún caso los consorcios serán responsables por la insolvencia de las compañías aseguradoras designadas por la Federación».

Hay una consecuencia práctica que cambia el flujo de caja del edificio y casi nunca se aprovecha: las licencias pagas por enfermedad inculpable, pasada la franquicia, son reintegrables. El consorcio las adelanta, pero puede recuperarlas. El detalle de cómo se computan esas licencias está en la guía de vacaciones y licencias del encargado.

El artículo 27 bis: un seguro de vida entera que no es el del Decreto 1567/74

La segunda cobertura que faltaba, y la que explica el 0,75 % que aparece descontado en el recibo. El texto del art. 27 bis del CCT 589/10 —según el convenio que publica la propia entidad sindical signataria— es breve y conviene leerlo casi entero:

«Deberá brindarse por la aseguradora la cobertura de un seguro de vida entera que ampare la muerte y la supervivencia combinando la protección y el ahorro a largo plazo. Este seguro vitalicio cubrirá el fallecimiento del asegurado a excepción que este hubiere optado, con anterioridad, el rescate de su cuenta individual. El beneficiario de la cobertura por fallecimiento, en forma excluyente, será el designado por el asegurado en la póliza. El rescate podrá realizarse al alcanzarse la edad de jubilación, según la normativa previsional vigente a ese momento, y siempre que acredite una permanencia de 3 años en la póliza.»

Y la financiación: un aporte mensual del 0,75 % sobre la remuneración bruta total a cargo de todos los empleadores de la actividad, y una retención del 0,75 % sobre la remuneración bruta total de los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación del convenio.

Dos diferencias que importan y que se confunden todo el tiempo:

• No es el Seguro de Vida Obligatorio del Decreto 1567/74. Aquel es una prima fija por trabajador, enteramente patronal, de fuente legal y sin componente de ahorro. Este es un porcentaje sobre la remuneración, compartido, de fuente convencional, y tiene cuenta individual y rescate. Se pagan los dos.
• El alcance de la retención es más amplio que el del art. 27. El 1 % del art. 27 se retiene a los afiliados y a quienes hayan manifestado conformidad. El 0,75 % del art. 27 bis está escrito sobre «los trabajadores y/o trabajadoras comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo de Trabajo», sin la mención a la afiliación.

Esa segunda diferencia no es una curiosidad de redacción: es la que decide qué régimen de cobro se le aplica después a cada importe, como se ve más abajo.

Dónde se paga cada cosa: el F.931 no lleva todo

Confundir los canales de pago es la forma más común de generar una deuda sin saberlo, porque las cuatro coberturas no viajan por el mismo lugar:

• La alícuota de la ART se liquida junto con los aportes y contribuciones de la seguridad social por el Formulario 931 / Libro de Sueldos Digital, sobre la nómina del mes anterior: combina un importe fijo por trabajador, un porcentaje sobre la masa salarial y un aporte al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales.
• El Seguro Colectivo de Vida Obligatorio también se declara y paga con las cargas sociales en el Libro de Sueldos Digital, tildando la cobertura por cada trabajador asegurado. Declararlo no reemplaza contratarlo: el consorcio debe tener la póliza además de declararla.
• Los aportes y retenciones de los arts. 27 y 27 bis van por otro lado. El propio convenio lo dice: los empleadores depositan esos importes en la misma oportunidad que los del art. 26, en una cuenta corriente especial que abre la entidad sindical firmante, con el objeto de darles una administración y registración diferenciada del patrimonio social. Las contribuciones del art. 26 se depositan en los bancos que disponga la Federación.

Y una regla que vale para todo lo convencional: el art. 26, inciso 4 del CCT 589/10 establece que «la mora en todos los casos por falta de pago de las obligaciones que indica el presente Convenio será en forma automática, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial previa». No hay carta documento previa, no hay intimación: el atraso, por sí solo, ya devenga. El calendario mensual completo de estas obligaciones está en el calendario de obligaciones del consorcio y el resto de las cargas, en obligaciones impositivas del consorcio.

La Ley 24.642: por qué una deuda con el sindicato se ejecuta antes que una de expensas

La mora automática del convenio no es un invento del convenio: tiene una ley nacional detrás, y esa ley le da al crédito sindical herramientas de cobro que el consorcio, del otro lado del mostrador, querría tener para sus propias expensas. Es la Ley 24.642, y tiene ocho artículos. Cuatro cambian el análisis de riesgo de cualquier administración:

• Art. 2º — responsabilidad directa por lo no retenido. Los empleadores deben depositar a la orden de la asociación sindical las cuotas a cargo de los afiliados en la misma fecha que los aportes al Sistema de Seguridad Social, «siendo responsables directos del importe de las retenciones que no hubieran sido efectuadas». Traducido: si el consorcio no retuvo, igual debe.
• Art. 3º — mora sin interpelación. La falta de pago en término «hará incurrir en mora a los responsables sin necesidad de interpelación alguna». Ahí está la fuente real de la regla que el convenio repite en su art. 26.
• Art. 5º — apremio y título ejecutivo propio. El cobro judicial se hace por vía de apremio o ejecución fiscal, y «sirviendo de suficiente título ejecutivo el certificado de deuda expedido por la asociación sindical respectiva». El acreedor se fabrica su propio título. La acción prescribe a los cinco años.
• Art. 6º — el deber que nadie cumple. Los empleadores deben requerir al trabajador que manifieste si está afiliado y comunicar mensualmente al sindicato la nómina del personal afiliado, sus remuneraciones, las altas y bajas del período y las cuotas y contribuciones que corresponden a cada trabajador.

El art. 6º merece una línea aparte, porque es el que después decide un juicio: esa comunicación mensual es, en los hechos, la única prueba documental con la que un consorcio puede discutir un certificado de deuda emitido unilateralmente por el acreedor. Guardar las constancias de esos envíos cuesta un minuto por mes y es lo que distingue una discusión con papeles de una sin ellos. Tiene además una consecuencia de archivo: entra en la lista de la documentación obligatoria del consorcio.

Un límite que esta guía deja declarado en vez de zanjar. El art. 1º de la Ley 24.642 describe su ámbito como los créditos originados en la obligación del empleador de actuar como agente de retención «de las cuotas y contribuciones que deben abonar los trabajadores afiliados», y el art. 2º habla de «las cuotas a cargo de los afiliados». Las retenciones a trabajadores afiliados caen de lleno en ese texto. Qué ocurre con la retención del art. 27 bis practicada a un trabajador no afiliado, y con los aportes propios del empleador, es una pregunta abierta: el art. 7º remite, «en todo lo que sea compatible», a las normas y procedimientos del cobro de aportes y contribuciones a las obras sociales. Esta guía no la responde, y quien administra no debería resolverla por su cuenta.

La recomendación operativa, en cambio, no cambia y es la misma que en la guía de paritarias y expensas: documentar la autorización individual del trabajador y no dejar de retener por decisión propia. La responsabilidad directa del art. 2º convierte la decisión de no retener en una deuda del consorcio, no en un ahorro.

Qué cobra la familia si el encargado fallece, y el artículo que nadie lee

El fallecimiento del encargado es el único evento en el que las cuatro coberturas se activan a la vez, y donde la confusión entre ellas se paga en demoras. Lo que hay, por separado:

• Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (Decreto 1567/74): la suma asegurada vigente —$2.071.300 desde marzo de 2026—, al beneficiario designado, o por declaratoria de herederos si no hay designación.
• Art. 27 bis del CCT: el capital del seguro de vida entera, al beneficiario designado en la póliza en forma excluyente —salvo que el trabajador hubiera rescatado antes su cuenta individual—.
• Art. 27 (I) del CCT: un capital equivalente a cuatro remuneraciones netas de su categoría. Los beneficiarios son los que el trabajador identificó expresamente o, en su defecto, los reconocidos en el estatuto de la Ley 12.981, respetando su orden de prelación.
• Art. 27 (VI) del CCT: la indemnización del art. 248 de la Ley de Contrato de Trabajo, que el convenio pone a cargo de la aseguradora designada.
• La vivienda: el art. 25 del CCT le da a los beneficiarios enumerados en el art. 248 de la LCT hasta 30 días para entregarla libre de ocupantes y efectos personales.
• La ART sólo interviene si la muerte deriva de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. Si el fallecimiento no tiene causa laboral, la ART no paga nada, y ahí se ve para qué sirven las otras tres.

Y el artículo que casi nadie lee, que conviene tener presente sin darlo por aplicable sin asesoramiento: el art. 12 de la Ley 12.981 dispone que «se deducirá del monto de la indemnización lo que el o los beneficiarios reciban de cajas o sociedades de seguro por actos o contratos de previsión, realizados por el principal». Es un texto de 1947 que hoy convive con coberturas convencionales y legales que no existían entonces, y su articulación con el art. 248 de la LCT y con las pólizas del convenio no es evidente ni está resuelta en esta guía. Se describe, no se aplica.

Lo que sí es claro, y es lo que un administrador puede hacer hoy: las designaciones de beneficiarios del SVO y de la póliza del art. 27 bis las completa el trabajador, no el consorcio. Pedirlas, guardarlas y actualizarlas es una tarea de cinco minutos que le ahorra meses a una familia.

Checklist para el administrador

• Contrato de afiliación a la ART vigente y cuotas al día. Ninguna deuda que llegue a dos cuotas (art. 27 ap. 6, Ley 24.557).
• Todo el personal declarado, incluidos suplentes, jornalizados y ayudantes: la obligación de declarar altas y bajas es tan legal como la de afiliarse.
• Cartel en portería con el nombre de la ART y los teléfonos para caso de accidente (art. 25 inc. 9 del CCT y art. 31 ap. 2 b de la Ley 24.557).
• Planilla de entrega de EPP firmada: ropa, botas de goma, guantes de descarne, guantes de látex, un conjunto cada seis meses; matafuego ABC de 5 kg mantenido por el empleador donde haya compactador o caldera.
• Registro de capacitaciones y de visitas y recomendaciones de la ART (art. 25 inc. 8 del CCT) y registro de siniestralidad del edificio (art. 31 ap. 2 e de la Ley 24.557).
• Seguro de Vida Obligatorio contratado y declarado, con los importes del mes y la designación de beneficiarios firmada.
• Aportes y retenciones de los arts. 26, 27 y 27 bis depositados en el canal del convenio, en la misma fecha que las cargas sociales, con la constancia guardada.
• Comunicación mensual al sindicato con nómina, remuneraciones, altas, bajas y cuotas (art. 6º de la Ley 24.642), con constancia de envío.
• Conformidad expresa por escrito del trabajador no afiliado que quiera acceder a los beneficios del art. 27.
• Reclamo de los reintegros por licencias pagas de enfermedad inculpable, pasada la franquicia: el consorcio adelanta, pero recupera.

Nada de esta lista es caro. Lo caro es lo otro: un encargado accidentado con el contrato de ART extinguido por dos cuotas impagas, una entrega de elementos de protección que nadie puede probar, o un certificado de deuda sindical sin una sola comunicación mensual para oponerle. Todo eso termina en una expensa extraordinaria que paga el edificio entero.

Es, otra vez, un asunto que cae en el cruce exacto entre lo laboral y lo contable: quien liquida el sueldo tiene que saber qué norma manda cada descuento, y quien responde por el consorcio tiene que saber qué pasa si falta. Por eso conviene resolverlo con un administrador con doble incumbencia, y por eso las constancias de estas coberturas deberían estar en la rendición de cuentas mensual y no en una carpeta que se abre después del accidente. El resto del costo laboral y su impacto en la liquidación está en cómo leer la liquidación de expensas.